En una conferencia de prensa convocada por el gobierno municipal de Sergio Barenghi, la funcionaria María Villavicencio, encargada de exponer la situación, reveló una serie de irregularidades y faltantes descubiertos en la Secretaría de Desarrollo Social de la administración anterior de Vicente Gatica.
Villavicencio lanzó fuertes acusaciones de desidia estatal, señalando un deterioro generalizado en la Secretaría, destacando el caso del Hogar Mignaquy como el más emblemático. Según su declaración, la falta de acceso al edificio hasta finales de diciembre, así como la constatación de un estado ruinoso en su interior, evidencian una negligencia y mala gestión por parte de la administración anterior.
La funcionaria aseguró que se encontraron numerosos faltantes y desordenes administrativos, desde deudas con proveedores hasta muebles faltantes, algunos de los cuales fueron recuperados en domicilios de ex funcionarios luego de una solicitud de la nueva gestión.
Se denunció la falta de documentación, desaparición de escrituras de inmuebles municipales no inventariados y un incremento injustificado en las becas estudiantiles. Además, se hizo hincapié en la ausencia de gestiones administrativas que debían ser responsabilidad de otras entidades, como el costeo de suministros en el Hogar de Ancianos San Luis que recaen sobre las arcas municipales.
La Secretaria indicó una presunta duplicación de becas y contrataciones irregulares basadas en relaciones personales. También se mencionó la ausencia de acompañamiento a profesionales, desmantelamiento del Servicio Local de Protección de Niños y fallas en la gestión de temas judiciales.
Ante estas revelaciones, Villavicencio respondió a las críticas del concejal Mauricio Tomasino, atribuyendo la ausencia de obras públicas en el Presupuesto a la desidia y falta de compromiso de funcionarios de la administración anterior, responsabilizando directamente a Gatica por estos asuntos.
El gobierno actual anunció acciones legales por estas irregularidades y faltantes encontrados, señalando su compromiso de esclarecer estos hechos y responsabilizar a aquellos que hayan incurrido en malas prácticas administrativas.
