La reducción será gradual y desigual en el país, en un contexto donde el combustible ya se convirtió en uno de los principales motores de la inflación.
Luego de meses de subas constantes en los precios de los combustibles, YPF anunció una baja promedio del 2% en la nafta, que comenzará a aplicarse de manera gradual y con diferencias regionales. El anuncio llega apenas unos días después de que este medio publicara un informe que mostraba con claridad que el precio de la nafta subió más del doble que la inflación entre septiembre y diciembre de 2025.
Según los datos publicados, la nafta Súper de YPF aumentó un 16,39% en ese período, mientras que la inflación acumulada fue del 6,3%, dejando en evidencia que los ajustes en los surtidores no responden a un insumo estratégico de la economía, sino a una lógica de rentabilidad empresarial propia de un mercado altamente concentrado.
En ese contexto, la baja anunciada —limitada, gradual y no uniforme— aparece más como una corrección marginal que como un verdadero cambio de política. Más aún si se considera que el sistema de micropricing, defendido por la petrolera como “adaptativo”, permitió durante meses aumentos diarios o semanales, segmentados por zonas y niveles de demanda, sin controles efectivos.
La discusión de fondo sigue intacta: la nafta no es un bien más. Es un insumo clave para el transporte, la logística, la producción y, en definitiva, para la dinámica cotidiana de la economía. Cada aumento impacta en cadena sobre alimentos, tarifas y servicios, retroalimentando la inflación que se dice combatir.
Que una empresa con participación estatal mayoritaria adopte una política de precios similar a la de cualquier firma privada —maximizando márgenes en un mercado con escasa competencia real— abre un interrogante central:
¿alcanza con anunciar una baja del 2% cuando el combustible viene acumulando subas muy por encima del costo de vida?
La respuesta, por ahora, sigue estando en los surtidores… y en los bolsillos de los consumidores.
