El máximo tribunal rechazó el recurso de la empresa y confirmó la sentencia que la obliga a ejecutar las obras en un plazo de seis meses. La causa se inició en 2013 por los altos niveles de arsénico en el agua de red.
Hay noticias que trascienden la coyuntura y se convierten en hitos para una comunidad. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dejar firme el fallo que obliga a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a garantizar agua potable en Bragado es, sin dudas, una de ellas.
Después de 13 años de lucha, los vecinos que iniciaron la causa en 2013 vieron finalmente reconocido su reclamo. La Corte rechazó el recurso de la empresa y confirmó la sentencia que la obliga a ejecutar las obras necesarias en un plazo máximo de seis meses. Ya no hay más apelaciones posibles. El fallo es definitivo.
Lo que está en juego
El agua de Bragado contiene niveles de arsénico de hasta 0,07 mg/l, cuando el límite permitido es de 0,01 mg/l. Es decir, siete veces más de lo que establece el Código Alimentario Argentino y los valores guía de la Organización Mundial de la Salud. Informes de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la UBA confirmaron esta situación.
El arsénico es un contaminante silencioso. Consumido en altas concentraciones durante años, puede provocar graves problemas de salud, incluido el cáncer. No es un dato menor: es la salud de toda una comunidad la que está en juego.
Una lucha que valió la pena
La demanda fue impulsada por el Dr. Fabricio Urricelqui, preocupado por la calidad del agua. Lo que comenzó como una inquietud local se transformó en una batalla judicial que atravesó tres instancias: el Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de Mercedes, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín y la Suprema Corte bonaerense. En todas, la Justicia les dio la razón.
ABSA intentó frenar el fallo alegando una intromisión en la autonomía provincial, pero la Corte Suprema fue contundente: la presentación era inadmisible. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti priorizaron el derecho a la salud por sobre las excusas administrativas.
Este fallo no solo beneficia a Bragado. Sienta un precedente para otros distritos bonaerenses que enfrentan la misma problemática con el arsénico en el agua. La decisión de la Corte marca un límite claro: las empresas y el Estado no pueden postergar indefinidamente la garantía de un derecho básico como el acceso al agua potable.
El desafío que viene
Ahora, ABSA tiene seis meses para ejecutar las obras. La empresa deberá demostrar que puede cumplir con lo que la Justicia le ordena. Y la comunidad deberá estar atenta para que el fallo no quede en una promesa incumplida.
Después de más de una década, Bragado tiene una respuesta. La salud de sus habitantes ya no es una deuda pendiente. Es un derecho exigible.
