El proyecto de Milei insiste con recortes profundos en universidades y una reforma que desmantela el sistema de prestaciones por discapacidad, a pesar del rechazo social y legislativo que ambas medidas ya cosecharon.
El Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional insiste en dos frentes que ya generaron fuerte resistencia: la educación universitaria y la discapacidad. Lejos de moderar el ajuste, el proyecto profundiza el recorte en ambos sectores, como si el rechazo cosechado durante los últimos meses no hubiera dejado ninguna marca.
Educación: la ley que no se cumple
El proyecto destina poco más de $7,4 billones** para el funcionamiento de las universidades nacionales . Sin embargo, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calcularon que las casas de estudio necesitan **$11 billones para funcionar, una diferencia de $3,6 billones .
La brecha no es un error de cálculo. Es una decisión política. El Gobierno ya había vetado la Ley de Financiamiento Universitario, y el Congreso insistió con una mayoría especial. Ahora, en lugar de acatar la norma, el Ejecutivo simplemente no incluye los fondos para cumplirla . La estrategia es la de una derogación de hecho: si no hay plata asignada, la ley no se puede ejecutar.
Si se compara con 2023, el presupuesto para universidades caería un 25% en términos reales . Las Becas Progresar sufrirían una reducción del 77,1% y el Fondo de Compensación Salarial Docente se reduciría casi en su totalidad, un 99,4% menos .
El proyecto también incluye una cláusula que faculta al Ministerio de Capital Humano a interrumpir las transferencias a las universidades si no detallan la finalidad de sus gastos, una medida que los rectores consideran una vulneración de la autonomía universitaria .
Discapacidad: el desmantelamiento de un sistema
El impacto en discapacidad es aún más profundo. La partida registra una merma del 24,4% frente a 2023 . Pero el problema no es solo el monto: el proyecto deroga artículos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) y modifica de raíz el sistema de prestaciones .
Los cambios más relevantes son:
- Fin del nomenclador único: Se elimina el arancel universal que garantizaba que una prestación costara lo mismo en cualquier lugar del país. A partir de ahora, cada obra social, prepaga o el Estado podrá fijar sus propios valores . El resultado, según los prestadores, es la fragmentación del sistema: una terapia podrá costar un valor en Buenos Aires y otro muy inferior en otra provincia, dejando a las familias sin poder de negociación .
- Pensión por “invalidez laboral”: Se abandona el enfoque de derechos de la Convención sobre Discapacidad y se retoma un criterio médico de incapacidad. La pensión se fija en el 70% de la jubilación mínima y se vuelve incompatible con cualquier empleo formal o monotributo, eliminando la posibilidad de inclusión laboral .
- Sin garantía de cobertura médica: Se deroga el artículo que garantizaba un programa médico de cobertura integral para los titulares de pensiones, dejándolos sin sustento legal explícito .
El Foro Permanente de Discapacidad denunció que el proyecto “desaparece el tema de la discapacidad como tal y la situación de pobreza” . Pablo Molero, su coordinador, fue categórico: “Hay dinero para una base militar, hay dinero para las grandes empresas, no hay dinero para la discapacidad” .
La interna que expone el ensañamiento
La crudeza del ajuste quedó en evidencia incluso dentro del propio oficialismo. La senadora Patricia Bullrich admitió que se enteró de los cambios por la prensa y que el tema “no salió a la luz” en la mesa política . Diputadas aliadas como Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado se enteraron del contenido del Presupuesto a las 11 de la noche del martes, cuando ya habían negociado un dictamen de consenso con gobernadores sobre el tema .
El cortocircuito fue tal que fuentes libertarias lo resumieron con una sola palabra: “Un quilombo” . La Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Salud y Legal y Técnica se cruzaron acusaciones sobre quién había redactado el articulado, mientras los diputados del propio bloque quedaban expuestos .
La resistencia que ya existe
El rechazo no es hipotético. La oposición ya logró emplazar el tratamiento de la prórroga de la emergencia en discapacidad con 249 votos . En universidades, las federaciones docentes mantienen un plan de lucha con clases públicas y una nueva marcha federal pautada para la primera semana de octubre .
El Presupuesto 2027 llegó al Congreso el martes 15 de septiembre y comenzará a debatirse en comisión el 7 de octubre . El Gobierno apuesta a una negociación “en cámara lenta” para atar el reparto de partidas al apoyo de los gobernadores . Pero en educación y discapacidad, los sectores afectados ya demostraron que no están dispuestos a esperar sentados.
