La Justicia suspendió fumigaciones en áreas urbanas tras denuncias por riesgos ambientales y de salud. Situaciones similares preocupan en Bragado y otras localidades.
En un fallo sin precedentes, la Justicia de Mercedes ordenó la suspensión de las fumigaciones con agrotóxicos realizadas por la empresa agroindustrial Los Grobo en zonas urbanas de Chivilcoy. La medida responde a una denuncia presentada por vecinos, quienes advirtieron sobre los graves riesgos para la salud y el medio ambiente asociados al uso intensivo de productos químicos en áreas pobladas.
Fumigaciones en pleno centro urbano
El incidente que desató la denuncia ocurrió el pasado 17 de diciembre, cuando empleados de Los Grobo realizaron fumigaciones con agrotóxicos sin las medidas de seguridad necesarias, afectando vías públicas y áreas cercanas a su planta. Vecinos manifestaron preocupación, especialmente porque gran parte de la población local depende de pozos de agua para consumo, lo que aumenta la vulnerabilidad a la contaminación química.
El impacto del fallo
La sentencia prohíbe el uso de agrotóxicos en zonas urbanas de Chivilcoy, marcando un hito en la regulación del uso de químicos en cultivos próximos a áreas residenciales. La Justicia destacó la falta de precauciones de la empresa y subrayó la necesidad de adoptar medidas preventivas para proteger a las comunidades afectadas.
La falta de regulación, un problema nacional
Este caso evidencia la carencia de controles efectivos sobre las prácticas de fumigación en áreas urbanas y rurales. Si bien existen normativas para regular el uso de agroquímicos, su cumplimiento es deficiente. El fallo pone de relieve la responsabilidad de las empresas en garantizar la seguridad de sus operaciones y de las autoridades en supervisar su cumplimiento.
En toda la región, el uso excesivo de agrotóxicos también planteó serias preocupaciones sobre la contaminación de aguas subterráneas, fuente principal de agua potable para la población. El fallo exige un enfoque más riguroso hacia la sostenibilidad ambiental y la salud pública, reforzando la necesidad de un control más estricto sobre estas prácticas en todo el país.
