La Gran Logia Argentina denunció un intento de apropiación del inmueble y anunció acciones judiciales. La entidad masónica acusa a directivos de API de “utilizar a chicos y personas con discapacidad como rehenes”.
Un tenso conflicto se desató entre la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones y la Asociación Proveeduría Infantil (API) por la propiedad de un edificio ubicado en Bragado, donde actualmente funciona la institución asistencial.
A través de un comunicado oficial enviado a los medios, la entidad masónica denunció un presunto intento de apropiación del inmueble y anticipó que iniciará acciones judiciales. El título del documento es contundente: “La Masonería Argentina denuncia a API por la utilización de chicos y personas con discapacidad para apropiarse de un inmueble que no les pertenece”.
Según la Gran Logia, desde 1968 viene colaborando “en forma gratuita y desinteresada” con la Proveeduría Infantil, cediendo “el uso y goce de las instalaciones sin término ni canon pecuniario alguno” debido al aprecio por su tarea solidaria. Sin embargo, sostienen que “los directivos de API han cortado todo puente, manifestando su voluntad de no dialogar más con nosotros”.
El texto acusa a integrantes de la asociación de tener “un interés patrimonial sobre el bien inmueble cuya propiedad nos pertenece”. En uno de los pasajes más duros, la Masonería afirma que existen personas dentro de API que “pretenden utilizar a los menores y las personas con discapacidad como rehenes, con fines personales”. Y agrega: “No entendemos cómo algunas personas muestran acciones tan ruines escondiéndose detrás de una causa tan noble”.
También señalan que API “ha incumplido en forma grave los compromisos asumidos” y desconocen “la firma del contrato de comodato suscripto oportunamente”.
La disputa se hizo pública pocas semanas después de la visita a Bragado del Gran Maestre Pablo Lázaro, quien mantuvo una reunión con el intendente Sergio Barenghi en el despacho comunal. En aquel momento, desde la Masonería se habló de “consolidar una red territorial activa” y se puso en valor la historia masónica local, especialmente el templo construido a principios del siglo XX que hoy es eje del conflicto.
Lo que parecía una visita institucional para recuperar presencia simbólica en la ciudad muestra ahora un trasfondo patrimonial concreto. La Gran Logia anticipó que iniciará “todas las acciones penales, civiles y judiciales que exijan la defensa de sus derechos”.
