Ignacio Zavaleta realizó dos presentaciones por el estado de los corredores entre Guaminí y Bahía Blanca y entre Guaminí y Bolívar, con reclamos por obras paralizadas, baches, señalización e iluminación.
El deterioro de la infraestructura vial en el sudoeste bonaerense llegó a la Justicia de la mano de un vecino de Guaminí. Ignacio Alberto Zavaleta realizó dos presentaciones judiciales por el estado crítico de las rutas 33 y 65, exigiendo medidas urgentes ante los riesgos que, según sostiene, enfrentan los usuarios.
La primera presentación fue dirigida a la Fiscalía Federal N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, y se concentra en la Ruta Nacional 33, en el tramo entre Guaminí y Bahía Blanca. Allí se solicita una investigación por la paralización de obras e infraestructura de seguridad. Entre los problemas señalados aparecen la ausencia de una rotonda en la intersección de las rutas 33 y 60, la paralización de la autopista entre Tornquist y Bahía Blanca y el estado del distribuidor El Cholo, junto con los ingresos terrestres a las terminales portuarias.
El documento describe además desvíos precarios, sectores de ripio, calzadas deterioradas, problemas de señalización y desniveles en el tramo de la autopista paralizada. Sobre El Cholo, plantea dificultades vinculadas con los desvíos, la falta de iluminación y el deterioro provocado por el tránsito pesado que se dirige hacia los puertos de Ingeniero White y Galván.
Zavaleta solicitó una medida cautelar para que Vialidad Nacional sea intimada a intervenir en distintos puntos. Entre las acciones requeridas figuran infraestructura e iluminación en el cruce de las rutas 33 y 60, dársenas para los ingresos a Cochicó y Espartillar, trabajos en proximidades de Pigüé y mantenimiento urgente sobre los desvíos del tramo Tornquist-Bahía Blanca. También pidió iluminación, bacheo y medidas sobre el distribuidor El Cholo, además de la presentación de un plan técnico y financiero para retomar y finalizar las obras paralizadas.
La segunda presentación fue dirigida a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio en turno del Departamento Judicial de Trenque Lauquen y apunta al estado de la Ruta Provincial 65 entre Guaminí y Bolívar. Allí se solicita investigar una posible omisión en los deberes de conservación por parte de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.
El planteo describe baches profundos y deformaciones del asfalto, que obligarían a los conductores a realizar maniobras evasivas, además de banquinas descalzadas e inestables. También señala deficiencias en la demarcación horizontal y falta de cartelería vertical de advertencia, especialmente en los sectores considerados más comprometidos.
Las dos presentaciones fueron formuladas como peticiones ciudadanas y no como litigios particulares. El objetivo expresado es que las fiscalías analicen las responsabilidades administrativas vinculadas con la conservación de las rutas y, en caso de corresponder, impulsen medidas preventivas antes de que se produzcan nuevos siniestros.
El caso se suma a un antecedente reciente: hace apenas unos días, la Cámara Federal de Mar del Plata ordenó al Gobierno nacional reparar la Ruta Nacional 3, en el tramo entre Azul y Cacharí, tras constatar 11 siniestros en seis meses. Ahora, la Justicia deberá definir si también interviene en las rutas 33 y 65.
