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Adepa rechazó la prohibición judicial de difundir los audios atribuidos a Karina Milei

adepa rechazó la prohibición judicial de difundir los audios atribuidos a karina milei

La entidad que nuclea a más de 200 medios periodísticos afirmó que la medida constituye una censura previa que vulnera la libertad de expresión y el derecho ciudadano a informarse.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó su rechazo a la decisión judicial que impide la difusión de los audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La entidad consideró que se trata de una medida que afecta de manera ilegítima la libertad de prensa y de expresión, pilares del sistema democrático.

“Adepa ha rechazado de modo constante todas aquellas decisiones de funcionarios públicos por las cuales se ordene no difundir información. En especial cuando se trata de información relativa a funcionarios públicos o a hechos de interés o relevancia institucional”, señaló la organización en un comunicado.

La resolución provino de la justicia en lo Civil y Comercial Federal, que prohibió a todos los medios de comunicación dar a conocer los audios supuestamente grabados en la Casa de Gobierno y vinculados a la funcionaria.

Desde la entidad recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que, salvo casos que involucren la protección de la infancia y la adolescencia, “cualquier medida preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión”.

En esa línea, Adepa remarcó que el Estado tiene la posibilidad de investigar y sancionar delitos que pudieran estar vinculados a la grabación de los audios, así como a funcionarios que hayan incumplido sus deberes de secreto, pero que la censura previa es contraria al artículo 14 de la Constitución Nacional.

“La publicación de informaciones solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores. Las prohibiciones preventivas afectan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública que pueden –o no– influir en la formación de la opinión pública”, concluyó la entidad.

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